Rajoy reunía el pasado sábado a todo su consejo de ministros para ver cómo podían aplicar el artículo 155 en Cataluña. Un punto de la Constitución española concreto porque habla de la supresión de una autonomía, pero, a la vez, abstracto porque no aborda las medidas necesarias «para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones». Por ello, el Gobierno español, con el apoyo de Ciudadanos y las primeras filas del PSOE, van a abrir un libro en blanco y empezar a escribir.
Tras la reunión, conocíamos que el Estado tomará las riendas de los medios públicos catalanes, que tanta polémica han levantado semanas anteriores por el tratamiento concedido al procés soberanista. De hecho, los partidos constitucionalistas y la Sociedad Civil catalana han afirmado en varias intervenciones que TV3 es un canal al servicio del independentismo.
Bajo este punto de vista, más o menos acertado, el documento de Moncloa se compromete a que los órganos o la autoridad que se creen garanticen «la transmisión de una información veraz, objetiva y equilibrada, respetuosa con el pluralismo político, social y cultural». Además, esa información deberá garantizar «el equilibrio territorial, así como el conocimiento y el respeto de los valores y principios contenidos en la Constitución española y el Estatut, tal y como establece el artículo 26 de la Ley 22/2015 de la comunicación audiovisual de Cataluña». Por el momento, todo apunta a que están buscando nuevos directivos para TV3, Catalunya Radio y el organismo que las aglutina, la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA).
Las reacciones no han tardado en llegar cuando se hizo pública la noticia. Tanto los profesionales de la casa, así como el Comité de Empresa de TV3 han mostrado un total rechazo a la intervención de la cadena pública al considerarlo como un «ataque directo, indigno e impúdico al derecho a la libertad de expresión y de información». A este rechazo, también se unían otros tres organismos de televisiones públicas, como el Consejo de Redacción de EiTB, el Comité Intercentros de CRTVG y el Consejo de Informativos de RTVE.
Me resulta un contrasentido el hecho de que el Estado intervenga la televisón pública catalana para asegurar la pluralidad y el derecho a la buena información, cuando en TVE no lo hace. Por todos son conocidos los multiples casos de manipulación informativa denunciados por el Consejo de Informativos en los últimos cinco años, cuando la mayoría absoluta del PP impuso la elección a dedo del Presidente de RTVE. Los políticos siguen pensado que tienen el poder sobre los medios al servicio de la ciudadanía —porque ella los paga— y eso flaco favor hace a una democracia. Mientras sus señorías sigan con esta sensibilidad hacia este estilo de » información veraz, objetiva y equilibrada», cualquier excusa será buena para meter las zarpas. Y así hemos llegado a una RTVE y una TV3 intervendias.
Gonzalo Loza Pérez 