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El último wasap de ‘Horizonte’ vale más que días de periodismo sobre el terreno

El programa Horizonte, presentado por Iker Jiménez y Carmen Porter, suma un nuevo episodio que, como poco, resulta difícil de encajar dentro de los estándares del buen periodismo. Los bulos durante la DANA de Valencia, el negacionismo en torno a la violencia machista o ciertos comentarios polémicos sobre conflictos internacionales ya ocupaban un lugar destacado en esa lista de momentos cuestionables para la profesión. Hace unos días se añadió uno más: corregir a una corresponsal de guerra sobre el terreno con un mensaje recibido en un móvil en el plató.

Laura de Chiclana explicaba en una conexión que «no todo el mundo en Israel tiene derecho a acudir a los refugios». La corresponsal para Mediaset desde Oriente Medio añadía que «en Haifa, […] los árabes no tienen derecho a acudir a un refugio. […] Lo que dicen las autoridades es que, si ellos específicamente quieren tener un refugio, tienen que pagar alrededor de 50.000 euros para tener un refugio privado». La afirmación quedó sin réplica durante cerca de una hora, hasta que Porter, ya desde el plató, le espetaba: «Solamente una rectificación que ha hecho nuestra compañera Laura de Chiclana, que me llega desde la comunidad judía, que dicen que no es verdad que en Israel los árabes, los ciudadanos árabes israelís, no tengan derecho a los refugios antiaéreos y que tengan que pagar 50.000 euros por ellos. Esa afirmación […] no se sostiene por hechos verificados por la Ley de Defensa Civil de Israel».

Por un lado, más allá del contenido, las formas ya son problemáticas de entrada. En primer lugar, existe una distancia ética evidente entre quien cuenta una guerra y quien la comenta desde un plató. En segundo, se transmite la idea a la audiencia de que el trabajo sobre el terreno es fácilmente cuestionable desde un plató. Además, desmentir a una reportera que está allí con un simple mensaje implica igualar —o incluso situar por encima— una fuente no verificada frente a una experiencia directa. La información sobre el terreno debería tener un peso mayor que una referencia genérica como “la comunidad judía”. Lo preocupante no es solo lo que se dijo, sino desde dónde se desmintió.

Por otro, la intervención se produce en un momento en el que De Chiclana no puede responder, ni matizar. Si se tratara de una rectificación, debería haber ocupado el mismo espacio el hecho a rectificar. De esta forma, su trabajo —y el riesgo que asume por estar allí— queda relegado a un segundo plano, cuando no directamente desacreditado. Incluso, da la impresión de que no se trata tanto de una corrección como de una toma de posición alineada con el relato del Gobierno israelí. En realidad, aquí no hay verificación al introducirse una versión interesada sin contrastarla. Es decir, no se aclara la información, se sustituye un relato por otro.

Un programa debe asumir la responsabilidad sobre lo que emite. Introducir una especie de rectificación de este calibre sin explicar quién es la fuente o qué intereses responde resulta, como mínimo, poco transparente. Desdecir desde un sofá a quien pisa el terreno es como discutirle el incendio a quien huele el humo. Y si el periodismo en primera línea vale lo mismo que un wasap, entonces hemos vaciado de sentido la profesión. Lo de Porter no fue una rectificación; fue un síntoma de que este programa está muy lejos —por si aún quedaban dudas— de ser un yacimiento de información potable.

Para conocer más sobre este bulo, Maldita.es ya lo ha desgranado.

El conflicto entre verdad y ética en coberturas periodísticas

Más allá de las declaraciones de Mariló Montero en La Revuelta, estos días se está dando uno de los debates periodísticos más interesantes en lo que llevamos de año. En un discreto segundo plano, además. Como protagonistas, dos televisiones públicas, financiadas por dos gobiernos de distinto color y que, en mayor o menor medida, desgraciadamente, soportan la presión de sus respectivos ejecutivos. Como argumento, la publicación de unas imágenes con audio —aquí está la clave— que pueden cambiar el relato político y el curso judicial de unas de las acusadas tras la mayor catástrofe natural en España: la dana que asoló Valencia el 29 de octubre de 2024.

Se trata de un mudo, es decir, de unas imágenes captadas con sonido ambiente por una cámara que sirven de recurso para elaborar piezas informativas con el compromiso de emitirlas sin audio. En este caso fueron filmadas en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) por un equipo de À Punt el día de la tragedia. En la conversación de fondo, se escucha a la exconsellera imputada, Salomé Pradas, hablar del contenido del ES-Alert, además de insistir en que se emitan sin sonido las imágenes.

Este hecho desmonta la versión de Pradas, que situaba en el ámbito técnico el envío de la alerta. De hecho, tal y como señala la jueza que instruye el caso, el sonido registrado en “dicha grabación contradice declaraciones prestadas en sede judicial y las circunstancias en que se obtienen, estaban presentes periodistas, los cuales pudieron oír lo que finalmente quedó registrado”.

À Punt decidió no difundir estas imágenes, alegando que se trataba de una “reunión reservada y a puerta cerrada, como lo es un Consejo de Ministros o una reunión de la Junta de Síndics de las Cortes Valencianes”. Según su comunicado, “en estas reuniones se permite la grabación de imagen pero no de audio. Si por alguna razón se graba audio ambiente el código deontológico periodístico impide su difusión”. Finalmente, esas imágenes han salido a la luz, pero a través de una filtración de la radiotelevisión pública valenciana a la española, a RTVE.

Más allá de la guerra de comunicados y acusaciones entre ambas cadenas públicas, este hecho plantea un debate apasionante: ¿es lícito publicar una información relevante para la sociedad si se vulnera la condición original con la que fue obtenida? Por un lado, se atenta contra uno de los principios básicos del periodismo: la honestidad y el respeto a los acuerdos éticos. Por otro, esa misma vulneración permite cumplir otra misión esencial del oficio: acercarse a la verdad y aportar pruebas que pueden ser clave para la justicia.

Es complicado posicionarse en este asunto sin una buena reflexión previa, aunque, tal vez por la gravedad de este caso, sea más sencillo. Se da un conflicto entre la ética profesional y el conocimiento de una prueba que puede ser relevante para la causa. Sin embargo, si el buen periodismo debe servir al bien de la sociedad y, en este caso, hablaríamos de ayudar a reparar y hacer justicia entre las familias de las 215 víctimas en la Comunitat Valenciana, yo tengo claro por lo que hubiera optado: por la verdad.

Sobre la democracia y «su degeneración»

La reflexión de Pedro Sánchez durante cinco días y su posterior decisión de continuar al frente del Gobierno central ha servido únicamente para trasladar al debate público las condiciones en las que se mueve a diario parte de la política española. Esta ya era una realidad, pero hasta ahora no había golpeado a la cabeza más visible del Ejecutivo. Ada Colau, Mónica Oltra, Pablo Iglesias o Irene Montero han sido solo otros de los afectados del llamado lowfare, es decir, de la instrumentalización de la Justicia para conseguir fines políticos, y de la desinformación.

La apertura de diligencias a la mujer del presidente Sánchez, Begoña López, tras una denuncia del pseudosindicato Manos Limpias, basada en informaciones de páginas webs falsas y por las que sus autores tuvieron que rectificar, parece que supondrá un impulso para una “regeneración democrática” en este caso con la mirada puesta en la Justicia y en los medios de comunicación. Siempre queda la duda de hasta dónde se llegará. Más cuando ese anuncio desde la escalinata de La Moncloa no admitía preguntas de la prensa o las únicas entrevistas concedidas tras esta reflexión ha sido en la televisión pública o en medios afines. Un punto de partida cuestionable.

En todo caso, es incontestable que el modelo con el que Donald Trump llegó al poder ―y podrá volver a llegar este año― está instalado en España. La periodista Silvia Intxaurrondo lo explica en poco más de minuto y medio.

Cómo hacer frente a estas situaciones es lo que se va a debatir en los próximos meses. Será complicado legislar para que la libertad de difamación no se confunda con la libertad de información, fronteras que hasta ahora siempre se han dejado en las manos de los códigos deontológicos y la buena praxis periodística.

Tampoco ayudará a buscar soluciones la vertiente transnacional que tiene este problema. Francia ya lo intentó hace seis años, aunque sus esfuerzos no han dado frutos. La Unión Europea ya tiene su Ley de Servicios Digitales (DSA). España podría continuar este camino iniciado.