La independencia también consiste en dar un paso atrás

Léa Salamé ha dejado de presentar 20 Heures de France 2. Lo hace el mismo curso en el que se desarrollará la campaña de las elecciones presidenciales francesas de 2027. La decisión llega después de que su pareja, Raphaël Glucksmann, progresista y líder de Place publique, haya anunciado oficialmente su candidatura a la Presidencia de la República. La periodista ya había advertido hace más de un año de que, si Glucksmann daba el paso, ella abandonaría la pantalla. Ahora, ha cumplido su compromiso.

Salamé asumió presentar el informativo más importante de la cadena pública francesa en 2025, sustituyendo a Anne-Sophie Lapix, y su llegada al principal informativo de France 2 estuvo rodeada precisamente por las dudas sobre el posible conflicto de intereses que podía generar su relación con Glucksmann. Durante estos meses, la periodista ha defendido su independencia y ha insistido en que una relación sentimental no determina las opiniones ni el trabajo profesional de una persona. Sin embargo, tras los últimos sucesos, France 2 prepara a Jean-Baptiste Marteau como presentador.

Se trata en todo caso de una decisión acertada. Y no porque haya ninguna razón para pensar que Salamé no pueda ejercer el periodismo con independencia. Precisamente, ahí está la cuestión. No hace falta demostrar que un periodista vaya a actuar de manera parcial para reconocer que existe un conflicto de intereses que puede afectar a la percepción de su trabajo.

Durante una campaña presidencial, Salamé tendría que informar sobre Glucksmann, entrevistar a sus rivales políticos, analizar sus propuestas, hablar de sus resultados electorales y, eventualmente, entrevistar al propio candidato. Cada pregunta, cada titular o cada decisión editorial relacionada con él podría quedar bajo sospecha. Incluso si actuara con absoluta profesionalidad, una parte de la audiencia podría preguntarse si su relación personal ha influido en el tratamiento de la información.

La credibilidad de un informativo no depende únicamente de que sus periodistas actúen correctamente, sino también de que no existan circunstancias que permitan cuestionar razonablemente esa independencia. Apartarse protege a Salamé, pero también a toda la redacción y a la cadena. Permite que 20 Heures afronte la campaña presidencial sin esa sombra permanente.

La independencia periodística no consiste solo en saber separar la vida personal del trabajo. También consiste en reconocer cuándo una circunstancia personal genera un conflicto difícil de evitar y actuar antes de que se convierta en un problema de credibilidad.

El último wasap de ‘Horizonte’ vale más que días de periodismo sobre el terreno

El programa Horizonte, presentado por Iker Jiménez y Carmen Porter, suma un nuevo episodio que, como poco, resulta difícil de encajar dentro de los estándares del buen periodismo. Los bulos durante la DANA de Valencia, el negacionismo en torno a la violencia machista o ciertos comentarios polémicos sobre conflictos internacionales ya ocupaban un lugar destacado en esa lista de momentos cuestionables para la profesión. Hace unos días se añadió uno más: corregir a una corresponsal de guerra sobre el terreno con un mensaje recibido en un móvil en el plató.

Laura de Chiclana explicaba en una conexión que «no todo el mundo en Israel tiene derecho a acudir a los refugios». La corresponsal para Mediaset desde Oriente Medio añadía que «en Haifa, […] los árabes no tienen derecho a acudir a un refugio. […] Lo que dicen las autoridades es que, si ellos específicamente quieren tener un refugio, tienen que pagar alrededor de 50.000 euros para tener un refugio privado». La afirmación quedó sin réplica durante cerca de una hora, hasta que Porter, ya desde el plató, le espetaba: «Solamente una rectificación que ha hecho nuestra compañera Laura de Chiclana, que me llega desde la comunidad judía, que dicen que no es verdad que en Israel los árabes, los ciudadanos árabes israelís, no tengan derecho a los refugios antiaéreos y que tengan que pagar 50.000 euros por ellos. Esa afirmación […] no se sostiene por hechos verificados por la Ley de Defensa Civil de Israel».

Por un lado, más allá del contenido, las formas ya son problemáticas de entrada. En primer lugar, existe una distancia ética evidente entre quien cuenta una guerra y quien la comenta desde un plató. En segundo, se transmite la idea a la audiencia de que el trabajo sobre el terreno es fácilmente cuestionable desde un plató. Además, desmentir a una reportera que está allí con un simple mensaje implica igualar —o incluso situar por encima— una fuente no verificada frente a una experiencia directa. La información sobre el terreno debería tener un peso mayor que una referencia genérica como “la comunidad judía”. Lo preocupante no es solo lo que se dijo, sino desde dónde se desmintió.

Por otro, la intervención se produce en un momento en el que De Chiclana no puede responder, ni matizar. Si se tratara de una rectificación, debería haber ocupado el mismo espacio el hecho a rectificar. De esta forma, su trabajo —y el riesgo que asume por estar allí— queda relegado a un segundo plano, cuando no directamente desacreditado. Incluso, da la impresión de que no se trata tanto de una corrección como de una toma de posición alineada con el relato del Gobierno israelí. En realidad, aquí no hay verificación al introducirse una versión interesada sin contrastarla. Es decir, no se aclara la información, se sustituye un relato por otro.

Un programa debe asumir la responsabilidad sobre lo que emite. Introducir una especie de rectificación de este calibre sin explicar quién es la fuente o qué intereses responde resulta, como mínimo, poco transparente. Desdecir desde un sofá a quien pisa el terreno es como discutirle el incendio a quien huele el humo. Y si el periodismo en primera línea vale lo mismo que un wasap, entonces hemos vaciado de sentido la profesión. Lo de Porter no fue una rectificación; fue un síntoma de que este programa está muy lejos —por si aún quedaban dudas— de ser un yacimiento de información potable.

Para conocer más sobre este bulo, Maldita.es ya lo ha desgranado.

El conflicto entre verdad y ética en coberturas periodísticas

Más allá de las declaraciones de Mariló Montero en La Revuelta, estos días se está dando uno de los debates periodísticos más interesantes en lo que llevamos de año. En un discreto segundo plano, además. Como protagonistas, dos televisiones públicas, financiadas por dos gobiernos de distinto color y que, en mayor o menor medida, desgraciadamente, soportan la presión de sus respectivos ejecutivos. Como argumento, la publicación de unas imágenes con audio —aquí está la clave— que pueden cambiar el relato político y el curso judicial de unas de las acusadas tras la mayor catástrofe natural en España: la dana que asoló Valencia el 29 de octubre de 2024.

Se trata de un mudo, es decir, de unas imágenes captadas con sonido ambiente por una cámara que sirven de recurso para elaborar piezas informativas con el compromiso de emitirlas sin audio. En este caso fueron filmadas en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) por un equipo de À Punt el día de la tragedia. En la conversación de fondo, se escucha a la exconsellera imputada, Salomé Pradas, hablar del contenido del ES-Alert, además de insistir en que se emitan sin sonido las imágenes.

Este hecho desmonta la versión de Pradas, que situaba en el ámbito técnico el envío de la alerta. De hecho, tal y como señala la jueza que instruye el caso, el sonido registrado en “dicha grabación contradice declaraciones prestadas en sede judicial y las circunstancias en que se obtienen, estaban presentes periodistas, los cuales pudieron oír lo que finalmente quedó registrado”.

À Punt decidió no difundir estas imágenes, alegando que se trataba de una “reunión reservada y a puerta cerrada, como lo es un Consejo de Ministros o una reunión de la Junta de Síndics de las Cortes Valencianes”. Según su comunicado, “en estas reuniones se permite la grabación de imagen pero no de audio. Si por alguna razón se graba audio ambiente el código deontológico periodístico impide su difusión”. Finalmente, esas imágenes han salido a la luz, pero a través de una filtración de la radiotelevisión pública valenciana a la española, a RTVE.

Más allá de la guerra de comunicados y acusaciones entre ambas cadenas públicas, este hecho plantea un debate apasionante: ¿es lícito publicar una información relevante para la sociedad si se vulnera la condición original con la que fue obtenida? Por un lado, se atenta contra uno de los principios básicos del periodismo: la honestidad y el respeto a los acuerdos éticos. Por otro, esa misma vulneración permite cumplir otra misión esencial del oficio: acercarse a la verdad y aportar pruebas que pueden ser clave para la justicia.

Es complicado posicionarse en este asunto sin una buena reflexión previa, aunque, tal vez por la gravedad de este caso, sea más sencillo. Se da un conflicto entre la ética profesional y el conocimiento de una prueba que puede ser relevante para la causa. Sin embargo, si el buen periodismo debe servir al bien de la sociedad y, en este caso, hablaríamos de ayudar a reparar y hacer justicia entre las familias de las 215 víctimas en la Comunitat Valenciana, yo tengo claro por lo que hubiera optado: por la verdad.