Más allá de las declaraciones de Mariló Montero en La Revuelta, estos días se está dando uno de los debates periodísticos más interesantes en lo que llevamos de año. En un discreto segundo plano, además. Como protagonistas, dos televisiones públicas, financiadas por dos gobiernos de distinto color y que, en mayor o menor medida, desgraciadamente, soportan la presión de sus respectivos ejecutivos. Como argumento, la publicación de unas imágenes con audio —aquí está la clave— que pueden cambiar el relato político y el curso judicial de unas de las acusadas tras la mayor catástrofe natural en España: la dana que asoló Valencia el 29 de octubre de 2024.
Se trata de un mudo, es decir, de unas imágenes captadas con sonido ambiente por una cámara que sirven de recurso para elaborar piezas informativas con el compromiso de emitirlas sin audio. En este caso fueron filmadas en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) por un equipo de À Punt el día de la tragedia. En la conversación de fondo, se escucha a la exconsellera imputada, Salomé Pradas, hablar del contenido del ES-Alert, además de insistir en que se emitan sin sonido las imágenes.
Este hecho desmonta la versión de Pradas, que situaba en el ámbito técnico el envío de la alerta. De hecho, tal y como señala la jueza que instruye el caso, el sonido registrado en “dicha grabación contradice declaraciones prestadas en sede judicial y las circunstancias en que se obtienen, estaban presentes periodistas, los cuales pudieron oír lo que finalmente quedó registrado”.
À Punt decidió no difundir estas imágenes, alegando que se trataba de una “reunión reservada y a puerta cerrada, como lo es un Consejo de Ministros o una reunión de la Junta de Síndics de las Cortes Valencianes”. Según su comunicado, “en estas reuniones se permite la grabación de imagen pero no de audio. Si por alguna razón se graba audio ambiente el código deontológico periodístico impide su difusión”. Finalmente, esas imágenes han salido a la luz, pero a través de una filtración de la radiotelevisión pública valenciana a la española, a RTVE.
Más allá de la guerra de comunicados y acusaciones entre ambas cadenas públicas, este hecho plantea un debate apasionante: ¿es lícito publicar una información relevante para la sociedad si se vulnera la condición original con la que fue obtenida? Por un lado, se atenta contra uno de los principios básicos del periodismo: la honestidad y el respeto a los acuerdos éticos. Por otro, esa misma vulneración permite cumplir otra misión esencial del oficio: acercarse a la verdad y aportar pruebas que pueden ser clave para la justicia.
Es complicado posicionarse en este asunto sin una buena reflexión previa, aunque, tal vez por la gravedad de este caso, sea más sencillo. Se da un conflicto entre la ética profesional y el conocimiento de una prueba que puede ser relevante para la causa. Sin embargo, si el buen periodismo debe servir al bien de la sociedad y, en este caso, hablaríamos de ayudar a reparar y hacer justicia entre las familias de las 215 víctimas en la Comunitat Valenciana, yo tengo claro por lo que hubiera optado: por la verdad.
Gonzalo Loza Pérez 